Aguilera: si la justicia clerical pudo, la ordinaria también

 

A pesar de la condena de la institución sagrada al ex-sacerdote y capellán de la Universidad Católica José Carlos Aguilera, en la justicia de los hombres no se pudo revertir el sobreseimiento. Podrían salir a la luz nuevos casos de abuso.

La revocación del estado clerical del cura José Carlos Aguilera por parte del tribunal eclesiástico salteño, puso de relieve aún más las limitaciones de la justicia ordinaria en el esclarecimiento de delitos aberrantes contra la niñez. En un comunicado de prensa firmado por el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristoval, el arzobispado destaca que «el compromiso de esta Arquidiócesis por conseguir ambientes sanos para nuestros niños,

adolescentes, jóvenes y personas vulnerables es irrenunciable». Las pruebas y documentos del proceso eclesiástico, sin embargo, jamás fueron puestos a disposición de la justicia; por lo que hay quienes invocan un plan de ocultamiento por parte de la curia local.

En junio del año pasado, el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación N° 2, Adolfo Figueroa, dictó el sobreseimiento del ex-sacerdote en la causa que se le imputa por los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple», por considerar que la acción penal estaba prescripta. En el fallo, el magistrado ordenó que se haga conocer lo resuelto a la Alcaidía de la Provincia de Salta y a la seccional N° 7 de la Policía, a los fines de su registración y el levantamiento de la consigna ambulatoria en su momento ordenada para el domicilio de barrio Intersindical, donde el cura cumplía prisión domiciliaria.

De esta forma, el magistrado dio curso a la apelación interpuesta por el abogado defensor de Aguilera, el Dr. Juan Casabella. Curiosamente, en diciembre de 2018 el juez Antonio Silisque de la misma sala rechazó un recurso similar planteado por la defensa de otro cura abusador: el ex-sacerdote Emilio Raimundo Lamas. En ese caso, el magistrado interpretó que la causa no estaba prescripta, a contramano de lo dispuesto por Figueroa.

En sus argumentos, el defensor de Aguilera planteó que la carátula de la conducta debía ser la de «abuso deshonesto», en los términos del artículo 127 del antiguo Código Penal, previniendo la conducta agravada por tratarse de un sacerdote y evitando así la pena de prisión o reclusión de hasta diez años.

Esa calificación (la de «conducta») desde el punto de vista de Cassabella, «responde estrictamente al principio constitucional aludido en cuanto consagra que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso». De allí que el letrado haya cuestionado la calificación formulada por el Ministerio Público Fiscal de «acción gravemente ultrajante que actualmente el Código plasma con penas de hasta 20 años de prisión cuando el hecho fuere cometido por «ministro de algún culto reconocido o no».

Tras declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez de garantías Héctor Hugo Martínez, Figueroa explicó la resolución aduciendo que: «De lo hasta aquí manifestado se advierte sin esfuerzo alguno, que al menos la opinión del suscripto avalada con doctrina y jurisprudencia a la que hice referencia, indica que el supuesto en análisis jamás puede ser considerado como un hecho imprescriptible».

Al fallo de Figueroa le siguieron múltiples intentos por parte de la fiscalía para revertir el sobreseimiento. Meses después, el fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero interpuso un recurso y pidió que se eleve ante la Corte de Justicia de Salta; que se tenga presente la reserva de ampliar los fundamentos y dejó “expresa reserva del caso federal, a los fines de -eventualmente- interponerse el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El recurso de inconstitucionalidad por «arbitrariedad y gravedad institucional» en contra de la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, del 12 de junio pasado, señala que “se impulsa la impugnación en el entendimiento que al imprimirse el pronunciamiento de referencia incurrió la Alzada en un grave error de orden legal, que lo torna arbitrario y atentatorio contra elementales postulados de nuestro Estado de derecho”.

Pero los intentos de la fiscalía y la lucha por justicia por parte de las víctimas y sus familias no fueron impedimento para que el prelado presente en mayo de este año una denuncia contra sus acusadores. En la denuncia presentada por su abogado, el sacerdote relató que dos hermanos de Rosario de Lerma le pidieron 500 mil pesos para desmentir las denuncias que radicaron en el fuero eclesiástico. Según consta en la denuncia, ambas partes intercambiaron números telefónicos. A partir de ahí intervino el abogado Casabella, quien asegura tener pruebas de la extorsión por parte de los hermanos. Por su parte ellos, sostienen que el letrado los hostigó.

Fue entonces que la representación legal del religioso interpuso presentaciones por amenazas y coacción hacia el entorno de los querellantes, las que fueron desestimadas luego por la UDIS N° 1. El titular de esta fiscalía concluyó en un “dictamen desincriminador” al respecto de esta presentación, al concluir que “no existe conducta penalmente atribuible” en relación a hechos que le impidan ejercer su defensa en el caso por aparente abuso sexual.

Desde distintos sectores catalogaron la medida adoptada por el tribunal eclesiástico como insuficiente, considerando que puede ser oportunamente revertida si es que se apela y derivar el reintegro del sacerdote a sus funciones. Eso mismo, de hecho, fue lo que ocurrió con el cura Emilio Raimundo Lamas, acusado por abuso sexual reiterado con acceso carnal y corrupción de menores, en perjuicio de dos personas, concretados durante su desempeño a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Rosario de Lerma, entre 1991 y 1994. El diputado del Partido Obrero Claudio Del Pla expresó vía Twitter: «Exigimos se abran los archivos de la iglesia, se entregue toda la documentación del caso a la justicia penal y se reabra la causa que la justicia se negó a continuar solo por el paso del tiempo. ¡Estos crímenes son imprescriptibles!!!». En idéntico sentido se explayó la exsenadora por el mismo espacio Gabriela Cerrano: «¿Que espera la justicia salteña para actuar? ya tienen que ordenar un allanamiento y obtener las pruebas que oculta la curia salteña. Basta de curas impunes!! separación de la iglesia del estado ya!!».